Yolanda Díaz descubre que controlar lo privado le gusta más que trabajar en lo público

Yolanda Díaz descubre que controlar lo privado le gusta más que trabajar en lo público

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha vuelto a encontrar una nueva cruzada política con la que entretenerse: fiscalizar las universidades privadas, especialmente las que proliferan en la Comunidad de Madrid bajo el mandato de Isabel Díaz Ayuso. Parece que la líder de Sumar ha descubierto que lo suyo no es mejorar las universidades públicas –para eso haría falta trabajar en serio–, sino construir organismos de vigilancia que recuerdan más a la Stasi que a un sistema democrático.

Cuando la educación pública no interesa… se ataca a la privada

Sumar ha presentado una propuesta para crear un organismo encargado de inspeccionar las universidades privadas, con la graciosa intención de «garantizar estándares de calidad». Esto lo propone, por supuesto, el partido cuya líder ha estado más preocupada en controlar aerolíneas para ricos y despotricar contra el capitalismo entre vuelos en Falcon, que en mejorar los presupuestos destinados a la universidad pública. Ahora Yolanda se pone el disfraz de inspectora de universidad privada, porque, claro, si el Estado no gestiona algo directamente, debe ser sospechoso de «baja calidad».

En un movimiento de absoluta transparencia democrática, Sumar propone:

• Crear una “unidad fiscalizadora” que se encargue de inspeccionar a las universidades privadas. Probablemente, con un equipo de excelsos burócratas que jamás han pisado un aula más allá de su paso por Juventudes Comunistas.
• Suprimir aquellas universidades privadas que no cumplan los “requisitos” (léase: las que no sean amigas del gobierno de turno).
• Cortar toda financiación pública a estos centros, no vaya a ser que se les ocurra formar a estudiantes con capacidad crítica.
• Imponer retroactivamente estos controles, porque las normas siempre se pueden aplicar a gusto del consumidor.

El PSOE también se suma al club de los inspectores del conocimiento

Por supuesto, en esta absurda cruzada no podía faltar el PSOE, que como buen partido de gobierno, ha decidido que la educación no es algo que deba estar libre de su control. Los socialistas han presentado su propia proposición en el Congreso, con el innovador objetivo de evitar la “proliferación descontrolada” de universidades privadas. No vaya a ser que alguien quiera estudiar en un centro que no sea aprobado por los comisarios de lo público.

La lógica es aplastante: como hemos sido incapaces de financiar bien la educación pública, prohibamos la opción privada. En otras palabras, si la competencia nos hace quedar mal, eliminémosla.

Ayuso no se achanta ante el dogmatismo gubernamental

Mientras el PSOE y Sumar diseñan su nuevo plan quinquenal de vigilancia educativa, Isabel Díaz Ayuso sigue defendiendo que Madrid sea un lugar donde estudiantes y empresas tengan opciones. La presidenta de la Comunidad ha sido clara al recordar que la región ya trabaja en una ley de educación superior que combine financiación estable con incentivos por objetivos. Pero, claro, hablar de eficiencia en la gestión pública es anatema para quienes solo conciben la educación como un cortijo estatal.

La política educativa de Ayuso se basa en tres principios inaceptables para la izquierda oficial:

• Permitir la convivencia de universidades públicas y privadas.
• Financiación vinculada a resultados.
• La entrada de la iniciativa privada en la educación superior.

Todo esto suena a herejía para el gobierno, que prefiere su receta habitual: si algo funciona fuera del control estatal, inventemos una crisis para justificar su intervención.

La izquierda, obsesionada con lo privado mientras hunde lo público

Al final, el espectáculo de Yolanda Díaz y sus amigos del PSOE no es más que otra demostración de lo que mejor sabe hacer esta izquierda neoestatalista: crear problemas donde antes no los había. En vez de mejorar la universidad pública con una financiación justa y un sistema meritocrático, prefieren jugar a la policía de lo privado, no vaya a ser que algún español ejerza ese derecho molesto de elegir dónde estudiar.

Mientras tanto, las universidades públicas seguirán desangradas, con profesores en precario y sin recursos suficientes. Pero no importa: al menos en Moncloa podrán dormir tranquilos sabiendo que no han dejado ningún resquicio sin intervenir.