Sánchez descubre la separación de poderes… cuando le interesa

El Gobierno tropieza otra vez con la democracia

Parece que en Moncloa todavía no han asimilado ese pequeño detalle llamado división de poderes. Esta vez, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tenido que tirar de agenda y recordarle al Gobierno de Pedro Sánchez que no puede hacer y deshacer la justicia a su antojo. Qué sorpresa, ¿verdad?

La última jugada maestra del Ejecutivo fue lanzada, cual portavoz improvisada, por la líder del PSOE valenciano, Diana Morant. Con toda la solemnidad del mundo, la ministra de Ciencia anunció que el Gobierno iba a reforzar el juzgado de Valencia para que la juez Nuria Ruiz Tobarra pudiera dedicarse en exclusiva a la instrucción del caso de la DANA. Qué curioso, porque hasta ahora la magistrada sólo ha imputado a responsables de la Generalitat de Carlos Mazón, presidente del PP en la Comunidad Valenciana. ¡Qué casualidad! Seguro que no tiene nada que ver con la batalla política del PSOE en la región.

El CGPJ saca la cartilla (otra vez)

Ante semejante atrevimiento, el CGPJ no ha tardado en sacar las tarjetas rojas. En un comunicado lleno de fina ironía (o desesperación, según se mire), dejaron muy claro que las decisiones sobre reforzar juzgados son competencia exclusiva del propio órgano, no del Gobierno. Es más, han recordado que la reunión para estudiar este refuerzo ni siquiera se ha producido todavía. Pero ¡qué más da la legalidad cuando el PSOE tiene una causa judicial que necesita su empujoncito!

El artículo 216 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial no deja lugar a dudas: el refuerzo judicial lo decide el CGPJ tras recibir autorización presupuestaria del Ministerio de Justicia. Y aquí viene lo mejor: el Ministerio solo puede oponerse por razones de presupuesto, no imponer decisiones según su conveniencia política. Pero claro, para eso habría que respetar las normas del Estado de Derecho.

Un Gobierno que maneja la justicia… pero sin disimular

No es la primera vez que el PSOE mete la mano en asuntos judiciales con la sutileza de un elefante en una cacharrería. Allá por 2019, Pedro Sánchez ya dejó claro que la Fiscalía estaba bajo su «control». Ahora, en 2024, el guion no ha cambiado: cualquier juez que vaya contra su partido es un enemigo, y cualquier magistrado que acuse al PP merece ser condecorado.

Pero el problema no es solo la torpeza de este intento de manipulación. Es que el CGPJ no ha podido evitar mostrar su indignación, y eso que el propio órgano está compuesto por miembros designados tras un pacto entre PSOE y PP. Es decir, ni siquiera un CGPJ renovado tras una ardua negociación puede tolerar semejante intromisión.

El PSOE y la justicia: una relación tóxica

Resulta curioso que el PSOE, mientras ataca ferozmente a cualquier juez que investiga asuntos incómodos –como los escándalos que rodean a la familia de Sánchez–, no tenga reparo en lanzarse a colonizar aquellos tribunales que pueden generarle réditos políticos.

• Si la justicia investiga al PSOE: «¡Lawfare, jueces fachas, democracia en peligro!».
• Si la justicia investiga al PP: «Hagamos lo posible para que esto avance más rápido».
• Si el CGPJ se resiste: «Es que necesitamos una independencia judicial a la española».

Pero lo que realmente enfurece en Moncloa no es que el CGPJ haya puesto freno a este último atropello. Lo que les duele es que se ha hecho público. Porque si hay algo que Sánchez y los suyos llevan mal, es que alguien exponga sus maniobras de poder.

Conclusión: la democracia sigue en coma

Este episodio no es más que otro capítulo en la lucha del PSOE por manejar la justicia a golpe de decreto y discurso a medida. Y, mientras tanto, en Moncloa seguirán dándose golpes en el pecho defendiendo la democracia… siempre y cuando les beneficie.