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PSOE: Menores de edad por decreto, porque la realidad es lo de menos

Un decreto a medida: menores de edad por imposición

El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a superar los límites de lo surrealista con su nuevo decreto para el reparto de menores inmigrantes no acompañados (menas). En su afán por convertir España en un experimento de gestión migratoria chapucera, ahora se ha sacado de la manga una propuesta en la que los inmigrantes serán considerados menores, aunque no haya pruebas de ello. Como si en un ministerio cualquiera se decidiera que el cielo ya no es azul, sino verde, por imposición gubernamental.

La brillante decisión consiste en **distribuir a estos menores no acompañados a las comunidades autónomas, incluso sin acreditar que efectivamente sean menores de edad**. Porque, para este Gobierno, la burocracia y la realidad son meros obstáculos cuando de ideología se trata.

El milagro socialista: rejuvenecer inmigrantes sin papeles

Parece que el Ejecutivo de Sánchez ha desarrollado una nueva especialidad: la reducción administrativa de la edad. Si no está claro si un inmigrante es menor, **se asume que sí**. Siguiendo esta lógica, uno podría declararse adolescente y exigir una beca de estudios o, quizás, pensionista y recibir su paga sin necesidad de demostrarlo.

El decreto establece lo siguiente:

  • Si se encuentra una persona sin documentación que dice ser menor, se procederá automáticamente a inscribirla en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.
  • No hace falta acreditar la edad de forma inmediata: la incertidumbre es un detalle sin importancia.
  • En menos de 15 días, el supuesto menor será trasladado a una comunidad autónoma, porque el Gobierno funciona como una empresa de mensajería exprés.
  • A partir de ahí, será la comunidad receptora quien deba probar si el joven con barba y voz gruesa realmente es menor.

En otras palabras, **Sánchez primero endosa el problema y luego deja que otros lidien con él**. Algo muy propio de su forma de gobernar.

Reparto trucado: Madrid a tragar, Cataluña apenas recibe

Porque si algo no podía faltar en esta chapuza gubernamental, era la desigual distribución territorial. Hasta en esto el PSOE ha sabido cómo favorecer a sus socios separatistas. Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía recibirán una cifra desproporcionada de estos **menores «sin acreditar»**, mientras que Cataluña, bastión amigo del Gobierno, apenas acogerá unos cuantos. ¿Casualidad? Nadie lo cree.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, **ya ha anunciado que recurrirá la medida en tribunales y en la Unión Europea**. Claro, porque alguien en el país tiene que pelear contra el desvarío gubernamental. «No se puede fomentar la inmigración irregular masiva», ha sentenciado. Lástima que desde Moncloa parezca más rentable convertir España en un campo de acogida dirigido por burócratas sin contacto con la realidad.

Conclusión: la estrategia del descontrol intencionado

Lo que el Gobierno ha hecho aquí no es más que una brillante jugada de manipulación: **convertir la incapacidad de control migratorio en una cuestión de solidaridad impuesta**, endosando el problema a las comunidades autónomas con un criterio más político que justo. Mientras tanto, los centros de menores explotarán sus recursos, las ciudades seguirán sumando problemas de seguridad y el debate migratorio seguirá siendo otro campo minado del que Sánchez prefiere no hablar.

En definitiva, el Gobierno del PSOE y sus socios han decidido que la realidad no es un obstáculo para sus políticas. **Si un inmigrante sin papeles necesita ser menor, se le convierte en menor por decreto**. Si alguien protesta, se le acusa de falta de humanidad. Y si las comunidades autónomas se ven desbordadas, que llamen a Pedro Sánchez… aunque lo más probable es que esté ocupado pactando más medidas absurdas con quien haga falta para seguir en el poder.

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