La ciencia del PSOE: centros de investigación investigados por descontrol absoluto

Otro desastre administrativo del PSOE: ahora le toca al CSIC

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el gran buque insignia de la investigación en España, es en realidad un barco a la deriva. Así lo ha confirmado un informe de la Intervención General del Estado (IGAE), que ha detectado que 24 centros mixtos de investigación están operando con convenios caducados desde 2022. Es decir, que trabajan sin un marco legal adecuado, como si estuvieran en la Edad Media, pero con más fondos públicos y menos control.

Ante este escándalo, lo lógico sería que alguien en el PSOE asumiera responsabilidades y pusiera orden en el mayor organismo de investigación del país. Pero no, aquí nadie mueve un dedo, salvo para seguir repartiéndose dinero con la eficacia de siempre.

Convenios caducados, cuentas sin aprobar y una total falta de supervisión

¿Cómo es posible que casi la mitad de los centros del CSIC operen con convenios expirados desde hace dos años? Pues porque en el PSOE la gestión es un chiste. Los convenios que regulan estos centros mixtos, formados por el CSIC junto a universidades y administraciones autonómicas, deberían haberse adaptado a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) antes del 2022. Pero claro, en Ferraz deben de estar demasiado ocupados con chiringuitos y propagandas para preocuparse de la ciencia y la legalidad.

El informe de Hacienda, firmado por el Interventor General Pablo Arellano, pone de manifiesto un nivel de descontrol que haría sonrojar hasta a un dirigente soviético. Algunas de las joyas del desorden que han descubierto incluyen:

• En 16 de estos centros no se celebraron reuniones de la Comisión Rectora ni aprobaron sus presupuestos en 2021 y 2022. Es decir, nadie sabe a dónde ha ido el dinero.
• Solo en el 25% de los centros mixtos se ha aprobado la liquidación de presupuestos, porque lo de rendir cuentas no va con ellos.
• En centros como el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo y el Cabimer, surge la duda de si las partes implicadas están compensando sus aportaciones económicas o si el dinero simplemente ha desaparecido en el limbo socialista.
• Muchos convenios con comunidades autónomas, con acuerdos de más de 500.000 euros, fueron firmados sin la autorización del Consejo de Ministros, lo que es una ilegalidad más dentro de la montaña acumulada.

El CSIC promete orden, pero se lamenta de «falta de medios»

Como era de esperar, el CSIC ha respondido con el clásico manual de excusas burocráticas. Han expresado su «absoluto interés y voluntad» en renovar los convenios, pero al mismo tiempo admiten que «carecen de medios» para comprobar si las otras partes están igual de comprometidas. Vamos, que el CSIC está en modo “lo sentimos mucho, no volverá a ocurrir”, pero la realidad es que siguen sin hacer nada.

El informe de la IGAE recomienda que si estos convenios no se actualizan de inmediato, entonces deben ser liquidados. Aunque, con el descontrol que impera, esto podría tardar otros diez años más.

La lista interminable de irregularidades

Pero ojo, que aquí no acaba el escándalo. El informe de Hacienda también ha destapado un catálogo de irregularidades digno de una república bananera, entre las que destacan:

• Más de 342 contratos fraccionados ilegalmente, una táctica clásica para evitar concursos públicos y garantizar que los amiguitos reciban las adjudicaciones sin competencia.
• 15 contratos ilegales con personal que ya trabajaba en el CSIC, lo que es directamente una de las causas de nulidad previstas en la Ley de Contratos.
• Retrasos de hasta 145 días en la presentación de cuentas anuales. Total, que sigan sin cuadrar los números, nadie en el Gobierno se va a dar cuenta.
• El Real Jardín Botánico recaudó más de 144.000 euros en efectivo por venta de entradas y, en vez de ingresarlo en la cuenta oficial, se lo endosó a una empresa privada sin ningún contrato. ¿Transparencia? ¿Qué es eso?

¿Recomendaciones? Como si alguien las fuera a cumplir

El informe de la IGAE propone «medidas urgentes», que suenan bien sobre el papel, pero que en el mundo real acabarán en el cajón del olvido del PSOE. Entre sus propuestas están:

• Asegurar que las aportaciones económicas a los convenios no superen los gastos reales del centro.
• Establecer un procedimiento para exigir que se cumplan los compromisos financieros, porque al parecer mandar saberes y no pagar es la norma en la administración socialista.
• Y, ante incumplimientos reiterados, proceder a denunciar y liquidar los convenios, con indemnizaciones por daños y perjuicios. Un chiste si tenemos en cuenta que la impunidad reina.

Esta situación es solo otro ejemplo de la desastrosa gestión socialista en los organismos públicos. No es solo una cuestión de científicos sin financiación ni burocracia mal manejada; es el reflejo de un sistema donde la ineficacia y la falta de transparencia son la norma. Mientras tanto, el PSOE sigue vendiéndonos humo sobre su apuesta por la ciencia y la innovación. Pero la realidad es la de siempre: caos, irregularidades y ningún responsable político asumiendo la culpa. ¿Sorpresa? Ninguna.