Autor: hola@digital2050.es

El PSOE llora en bucle: otro gobierno logra lo que Sánchez no puede

Mazón y Vox desbloquean los Presupuestos mientras Sánchez sigue atrapado en su laberinto

Mientras en la Moncloa se sigue jugando al escondite con los Presupuestos Generales del Estado, en la Comunidad Valenciana Carlos Mazón ha conseguido hacer lo que para Pedro Sánchez es una hazaña inalcanzable: aprobar unas cuentas públicas con claridad y sin chantajes independentistas de por medio. ¿El truco? Un gobierno que, más allá de eslóganes vacíos y postureo barato, se dedica a gestionar.

PP y Vox, que suman mayoría absoluta en la cámara autonómica, han cerrado un acuerdo que dota a la Comunidad Valenciana de estabilidad presupuestaria. Entre tanto, en Ferraz se escuchan sollozos, porque, en lugar de pactos bajo la mesa con separatistas que piden trozos de España en bandeja de plata, el gobierno de Mazón ha conseguido su objetivo con pragmatismo y sin entregar el oro y el moro por cuatro votos.

Los socialistas miran con envidia y buscan excusas

El PSOE ha respondido, claro, con su habitual repertorio de lloros, pataletas y victimismo. Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez se han apresurado a buscar fallos en el acuerdo conseguido por Mazón, mientras siguen sin presentar sus propios presupuestos con el pretexto de que «las condiciones no son las adecuadas». Lo que realmente falta en la Moncloa parece ser menos teatro y más capacidad de trabajo.

• Diana Morant, fiel escudera de Sánchez, no ha tardado en señalar «el peligro» de un acuerdo entre PP y Vox, aunque extrañamente no vio ningún problema en negociar presupuestos con los golpistas de ERC o los herederos de ETA de Bildu.
• Compromís, por su parte, ha tachado el acuerdo de «nefasto», porque cuando ellos manejaban la Generalitat, lo de cuadrar las cuentas no era una prioridad.
• El PSOE valenciano ha intentado sembrar dudas sobre la estabilidad del pacto, aunque viendo cómo sobrevive Sánchez con independentistas y partidos antisistema, más valdría que se preocupasen de su propia tropa.

Cuando hay mayorías claras, gobiernar es posible

Este acuerdo en la Comunidad Valenciana sirve como recordatorio de algo que en La Moncloa parecen haber olvidado: cuando hay una mayoría clara y una voluntad política de verdad, las cosas salen adelante. En cambio, en Madrid, Sánchez sigue atado de pies y manos a los delirios de quienes buscan romper España a cambio de sostenerle en el poder.

Mientras Mazón y su equipo trabajan para sacar adelante su comunidad, Sánchez sigue compitiendo en el concurso del político más victimista del año. Su gran aportación a la gobernabilidad española es llorar sobre su propio ombligo mientras nos vende la idea de que sin él el país se desplomaría.

Conclusión: otro éxito fuera del socialismo

El acuerdo presupuestario en la Comunidad Valenciana deja claro que gobernar sin venderse es posible. Lo que pasa es que en Moncloa están demasiado ocupados frotando lámparas mágicas esperando que Puigdemont y Otegi les concedan otro deseo.

A Pedro Sánchez le quedará el consuelo de seguir posando para las revistas y lanzando eslóganes vacíos en Twitter, pero mientras tanto, en algunas comunidades, se sigue gobernando de verdad. Algo que el PSOE parece haber olvidado hace tiempo.

El PSOE y la pandemia: oportunismo antes que responsabilidad

Si hay algo que caracteriza a Pedro Sánchez y su troupe es su habilidad para priorizar lo importante: su supervivencia política antes que la vida y bienestar de los ciudadanos. Enrique Ruiz Escudero, ex consejero de Sanidad de Madrid, ha hecho un detallado repaso de las vergüenzas del Gobierno durante la pandemia del COVID-19, señalando con contundencia su nefasta gestión mientras el país se desangraba en hospitales desbordados.

A punto de cumplirse cinco años desde que el virus cambió nuestras vidas, todavía no sabemos cuántos muertos dejó la crisis sanitaria en España. Normal: el PSOE estuvo ocupado engañando con datos, cambiando a su antojo los criterios de contabilización y, sobre todo, evitando cualquier responsabilidad. Sánchez prometió una auditoría sobre la gestión cuando acabase la pandemia. ¿La recuerdan? No, porque jamás la hizo. Otro truco más del mago de Moncloa, esta vez sobre las tumbas de más de 100.000 españoles.

El 8M: cuando la política mató

Es imposible olvidar el espectáculo vergonzoso previo al 8M de 2020. Mientras los datos científicos alertaban de la gravedad del virus, Fernando Simón se dedicaba a hacer piruetas dialécticas para justificar la inacción del Gobierno. Cuando se confirmó que alguien ya había muerto por COVID-19 en Valencia en febrero, ¿cuál fue la decisión tomada? Prohibir más necropsias. Por supuesto. Nada de averiguar el alcance real del virus. No fuera a ser que estropeara la agenda política de Moncloa.

El Gobierno tenía claro su objetivo: preservar las manifestaciones feministas del 8M como si fueran la piedra angular de la estabilidad mundial. La salud pública se postergó, minimizando los riesgos, promoviendo aglomeraciones y culpando a quien se atreviera a cuestionarlo. Al día siguiente, con la resaca de pancartas y consignas aún en el aire, ya era demasiado tarde para controlar el caos. Solo entonces empezó a actuar el Ejecutivo.

Sanidad: el reino de los incompetentes

Mucho se ha hablado de la legendaria ineptitud del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, un filósofo convertido en gestor de emergencias sanitarias. ¿Su máximo mérito? Ser un peón fiel a Moncloa y pensar más en su futura candidatura en Cataluña que en salvar vidas. Mientras Madrid pedía control en Barajas ante la llegada de vuelos de Italia, donde la crisis sanitaria ya era evidente, el Gobierno hizo lo que mejor sabe hacer: nada. Más tarde, cuando quisieron poner medidas, ya era tarde y lo hicieron de la forma más ridícula posible: con controles visuales de pasajeros. Al más puro estilo de la chapuza socialista.

Por supuesto, el PSC tuvo que salir beneficiado de la pandemia. De los 577 millones de euros en mascarillas comprados por el Ministerio de Sanidad, 400 millones fueron adjudicados a empresas radicadas en Cataluña, muchas de ellas relacionadas con áreas donde Illa había sido alcalde. Transparencia, cero. Beneficios políticos, todos. Socialismo en estado puro.

Corrupción hasta en las mascarillas

Ahora, con el tiempo, vamos conociendo detalles nauseabundos sobre cómo el PSOE convirtió la pandemia en otra oportunidad para enriquecerse. Mientras médicos y enfermeros se dejaban la piel sin material adecuado, Koldo García echa hoy cuentas de cuántos millones pasaron por sus manos, todo bajo la complacencia de José Luis Ábalos, que aún asegura que no sabía nada. Claro que no.

Madrid compró material sanitario por 98 millones de euros. Sánchez quemó cinco veces más dinero en operaciones opacas y, sin embargo, jamás se han encontrado los 160 millones de mascarillas compradas supuestamente por Sanidad. ¿Dónde están? Probablemente, en el mismo rincón donde el PSOE esconde sus vergüenzas.

Cuando las vidas importan menos que la propaganda

La pesadilla del COVID-19 dejó muchas víctimas, pero el PSOE se aseguró de que su imagen política no fuera una de ellas. Idearon campañas como Salimos más fuertes, celebraron la “nueva normalidad” como si hubieran liderado la respuesta al virus con maestría y bloquearon cualquier crítica con su maquinaria mediática. Mientras tanto, sanitarios agotados, familias mutiladas por el dolor y una economía destrozada tuvieron que aprender una lección: para Sánchez, las víctimas solo importan si sirven a la propaganda.

Ruiz Escudero lo deja claro: la gestión del Gobierno durante el COVID-19 fue una combinación de oportunismo, negligencia y corrupción. Pero viendo cómo sigue actuando el PSOE, no sorprende a nadie. Lo de Sánchez no fue una estrategia puntual motivada por el virus; su mandato es una pandemia en sí mismo.

Illa y su brillante inversión: 800.000 euros para traducir lo ya traducido

El socialismo no defrauda cuando se trata de gastar dinero ajeno en causas de vital importancia para el bien común. En esta ocasión, el siempre eficiente Govern de la Generalitat de Cataluña, con el socialista Salvador Illa al timón, ha encontrado una nueva y revolucionaria manera de derrochar casi un millón de euros del contribuyente: doblando al catalán una serie de dibujos animados que ya está doblada al español y disponible en toda España desde hace más de dos décadas.

Una inversión esencial para la supervivencia de Cataluña

El afán por hacer del catalán la única lengua visible en Cataluña ha llegado a nuevas cotas de ridiculez. En esta ocasión, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) ha decidido que casi 800.000 euros del sufrido contribuyente se destinen a doblar la serie de anime One Piece, a pesar de que lleva emitiéndose en español desde 2003 en todo el país.

El Portal de Contratación Pública publicó esta jugosa licitación destinada al doblaje de 228 episodios de la serie. Es decir, los independentistas y sus socios socialistas han decidido que, en plena crisis económica, la prioridad no es mejorar los servicios públicos, sino asegurarse de que los jóvenes catalanes vean a Luffy y compañía hablando en su lengua vernácula con acento teatral. Por si ver dibujos animados doblados al español fuera un atentado contra la identidad nacional.

El socialismo y su afición por los despilfarros

Podría pensarse que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales ya cuenta con los recursos para esta tarea, dado que alberga nada menos que ocho estudios de doblaje contratados. Sin embargo, resulta que ninguno de ellos ha querido presentar oferta para doblar One Piece, lo que obligará al Govern a gastar aún más para buscar a alguien dispuesto a hacerlo. Porque, claro, un servicio público que cuesta millones anuales no está preparado para una labor tan compleja como grabar voces para unos dibujos animados.

Lo más irónico es el nivel de exigencia del Govern en este lucrativo contrato: para llevar a cabo la ardua tarea de cambiar de idioma una serie que ya está doblada, se requieren directores especializados, actores de doblaje y técnicos de sonido. Además, se exige que la empresa adjudicataria entregue varias versiones del audio, como si de una superproducción de Hollywood se tratara. Todo esto, naturalmente, con los estándares de calidad de la CCMA, que seguramente harán que el resultado final sea una auténtica obra maestra.

Prioridades ejemplares mientras Cataluña se desmorona

Mientras los ciudadanos de Cataluña hacen malabares para pagar la cesta de la compra y sortear los problemas reales de la comunidad, el gobierno de Illa sigue obsesionado con garantizar que no se escuche ni una sola palabra en español en su sacrosanta televisión pública. No importa que la sanidad esté colapsada, la seguridad en caída libre y la inversión extranjera huyendo en estampida: lo importante aquí es que los piratas de One Piece se expresen en catalán con la solemnidad de la televisión autonómica.

Lo más cómico de todo es que, incluso después de esta monumental inversión, la serie en castellano seguirá disponible para cualquier espectador, ya que, al contrario de lo que parecen creer en la Generalitat, Cataluña no es un universo paralelo desconectado del resto de España. Pero, mientras tanto, los socialistas seguirán cantando sus alabanzas por haber gastado una millonada en una obsesión lingüística que a nadie le resuelve la vida.

Así que ya saben: si alguna vez han pensado que sus impuestos se podrían gastar mejor, Illa y su Govern acaban de darles otro brillante ejemplo de cómo quemar 800.000 euros en algo completamente innecesario. ¡Disfruten del espectáculo! Eso sí, en catalán, por supuesto.

Yolanda Díaz descubre que controlar lo privado le gusta más que trabajar en lo público

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha vuelto a encontrar una nueva cruzada política con la que entretenerse: fiscalizar las universidades privadas, especialmente las que proliferan en la Comunidad de Madrid bajo el mandato de Isabel Díaz Ayuso. Parece que la líder de Sumar ha descubierto que lo suyo no es mejorar las universidades públicas –para eso haría falta trabajar en serio–, sino construir organismos de vigilancia que recuerdan más a la Stasi que a un sistema democrático.

Cuando la educación pública no interesa… se ataca a la privada

Sumar ha presentado una propuesta para crear un organismo encargado de inspeccionar las universidades privadas, con la graciosa intención de «garantizar estándares de calidad». Esto lo propone, por supuesto, el partido cuya líder ha estado más preocupada en controlar aerolíneas para ricos y despotricar contra el capitalismo entre vuelos en Falcon, que en mejorar los presupuestos destinados a la universidad pública. Ahora Yolanda se pone el disfraz de inspectora de universidad privada, porque, claro, si el Estado no gestiona algo directamente, debe ser sospechoso de «baja calidad».

En un movimiento de absoluta transparencia democrática, Sumar propone:

• Crear una “unidad fiscalizadora” que se encargue de inspeccionar a las universidades privadas. Probablemente, con un equipo de excelsos burócratas que jamás han pisado un aula más allá de su paso por Juventudes Comunistas.
• Suprimir aquellas universidades privadas que no cumplan los “requisitos” (léase: las que no sean amigas del gobierno de turno).
• Cortar toda financiación pública a estos centros, no vaya a ser que se les ocurra formar a estudiantes con capacidad crítica.
• Imponer retroactivamente estos controles, porque las normas siempre se pueden aplicar a gusto del consumidor.

El PSOE también se suma al club de los inspectores del conocimiento

Por supuesto, en esta absurda cruzada no podía faltar el PSOE, que como buen partido de gobierno, ha decidido que la educación no es algo que deba estar libre de su control. Los socialistas han presentado su propia proposición en el Congreso, con el innovador objetivo de evitar la “proliferación descontrolada” de universidades privadas. No vaya a ser que alguien quiera estudiar en un centro que no sea aprobado por los comisarios de lo público.

La lógica es aplastante: como hemos sido incapaces de financiar bien la educación pública, prohibamos la opción privada. En otras palabras, si la competencia nos hace quedar mal, eliminémosla.

Ayuso no se achanta ante el dogmatismo gubernamental

Mientras el PSOE y Sumar diseñan su nuevo plan quinquenal de vigilancia educativa, Isabel Díaz Ayuso sigue defendiendo que Madrid sea un lugar donde estudiantes y empresas tengan opciones. La presidenta de la Comunidad ha sido clara al recordar que la región ya trabaja en una ley de educación superior que combine financiación estable con incentivos por objetivos. Pero, claro, hablar de eficiencia en la gestión pública es anatema para quienes solo conciben la educación como un cortijo estatal.

La política educativa de Ayuso se basa en tres principios inaceptables para la izquierda oficial:

• Permitir la convivencia de universidades públicas y privadas.
• Financiación vinculada a resultados.
• La entrada de la iniciativa privada en la educación superior.

Todo esto suena a herejía para el gobierno, que prefiere su receta habitual: si algo funciona fuera del control estatal, inventemos una crisis para justificar su intervención.

La izquierda, obsesionada con lo privado mientras hunde lo público

Al final, el espectáculo de Yolanda Díaz y sus amigos del PSOE no es más que otra demostración de lo que mejor sabe hacer esta izquierda neoestatalista: crear problemas donde antes no los había. En vez de mejorar la universidad pública con una financiación justa y un sistema meritocrático, prefieren jugar a la policía de lo privado, no vaya a ser que algún español ejerza ese derecho molesto de elegir dónde estudiar.

Mientras tanto, las universidades públicas seguirán desangradas, con profesores en precario y sin recursos suficientes. Pero no importa: al menos en Moncloa podrán dormir tranquilos sabiendo que no han dejado ningún resquicio sin intervenir.

El PSOE promete modernizar el transporte… después de intentar bloquearlo en Madrid

Resulta enternecedor ver cómo el PSOE se ha subido al tren de la modernización del transporte… sin temor a descarrilar por sus propias contradicciones. Mientras que ahora los socialistas hablan de avances y mejoras, basta con revisar su historial reciente para comprobar que, en realidad, llevan años poniendo piedras —o más bien, burocracia— en los raíles del progreso.

De oponerse a la ampliación a venderla como propia

La ampliación de la línea 11 de Metro de Madrid es una de esas infraestructuras cruciales que permitirán conectar de forma ágil puntos clave de la ciudad. Pero, ¿quién ha puesto más trabas a su desarrollo? Sí, el mismo PSOE que ahora promete nuevos tiempos dorados para la movilidad. Mientras la Comunidad de Madrid impulsaba esta obra, el grupo socialista se dedicaba a ralentizar los procesos, cuestionar la inversión y buscar cualquier excusa para frenar el proyecto.

Lo irónico es que ahora, con el descaro que les caracteriza, no han dudado en cambiar de chaqueta y presentarse como los grandes valedores del transporte público. Lo que antes era una “obra innecesaria” o un gasto desmesurado, ahora es un “avance clave para la movilidad sostenible y accesible”. Porque, por supuesto, en el PSOE no hay nada que una buena dosis de oportunismo no pueda corregir.

Excavaciones arqueológicas… y de principios

Hablando de excavaciones, en las obras de la nueva línea de Metro se están descubriendo restos históricos del antiguo canal del Manzanares. Pero si de rescatar ruinas se trata, pocas más evidentes que la credibilidad del PSOE en materia de infraestructuras. Su historial en la gestión (o más bien, en la sabotaje) del transporte en Madrid es un testimonio en sí mismo de su incoherencia.

Sus logros recientes en movilidad incluyen:

• Intentar bloquear la construcción de carriles bus-VAO en varias arterias de la ciudad.
• Retrasar sistemáticamente inversiones clave en infraestructura ferroviaria.
• Defender restricciones absurdas que penalizan más a los ciudadanos que a los altos cargos con coche oficial.

Ahora, sin rubor alguno, presentan la ampliación del Metro como si fuera su idea y la venden como un ejemplo de su compromiso con el transporte público. La única duda es qué explicación darán cuando alguien les recuerde sus propios intentos previos de boicot.

514 millones de euros… y ni un poco de vergüenza

La red de transporte madrileña se moderniza con una inversión de 514 millones de euros que expandirá la línea 11 desde Plaza Elíptica hasta Conde de Casal. Sin embargo, lo que no se expande es la capacidad del PSOE para sostener un discurso coherente. Lo único que crece ininterrumpidamente es su capacidad para apropiarse del trabajo ajeno mientras disimulan sus propios obstáculos.

Es cierto que en política la memoria suele ser frágil, pero no tanto como para olvidar que quienes ahora se suben al tren del progreso fueron los mismos que intentaron descarrilarlo. Mientras tanto, los ciudadanos podrán disfrutar de un Metro más amplio y eficiente a pesar del PSOE, y no gracias a él.

Los usuarios ganan, el PSOE sigue perdiendo

Afortunadamente, los madrileños no dependen de las ocurrencias socialistas para moverse con eficacia por la capital. A pesar de los intentos de bloqueo, las obras avanzan y pronto serán una realidad tangible. Y cuando esto ocurra, no faltará el socialista de turno dispuesto a colgarse la medalla con una desfachatez digna de los mejores equilibristas políticos.

Mientras tanto, esta historia nos deja una gran lección: el PSOE podrá intentar poner frenos, pero el progreso siempre encuentra la manera de dejarlos atrás.

Un Gobierno más preocupado por los muertos que por los vivos

Pedro Sánchez, el gran historiador de España, sigue obsesionado con su fijación por el pasado. Mientras el país lidia con una inflación galopante, una deuda pública desbocada y una crisis creciente en el empleo, el presidente ha decidido que lo más urgente es gastar 426.000 euros en un censo de fusilados. Porque claro, los problemas del presente pueden esperar, pero los de hace casi un siglo son, al parecer, inaplazables.

La iniciativa, impulsada en el marco de la Ley de Memoria Democrática, su última ocurrencia legislativa, pretende elaborar un listado de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Todo muy útil para los parados, los autónomos asfixiados por impuestos y las familias que no llegan a fin de mes.

¿Investigación histórica o propaganda institucional?

Según el acuerdo firmado entre el Ministerio de la Verdad, perdón, Memoria Democrática, y la Universidad de Santiago de Compostela, los trabajos se dividirán según la disponibilidad de registros en cada comunidad autónoma. Es decir, unos sitios ya tienen listados y sólo se verificarán datos, mientras que en otros habrá que husmear en archivos militares y registros civiles. Todo con nuestro dinero, por supuesto.

• Si una comunidad ya tiene listado, lo contrastan y lo filtran.
• Si la información es escasa, se cava más hondo (literalmente).
• Si no hay datos, pues nada, a escarbar en archivos y registros hasta encontrar algo susceptible de encajar en la narrativa oficial.

A todo esto, las víctimas de la represión del bando republicano también aparecerán de forma simbólica en el censo. Al parecer, para que no se note demasiado que esto es un proyecto de ingeniería ideológica financiado con dinero público.

Siguientes pasos en el Guion de Sánchez: ¿Cobraremos impuestos a los descendientes de Franco?

El plan de Pedro Sánchez para exprimir a Franco medio siglo después de su muerte no termina en este censo. El Valle de los Caídos, rebautizado con amor y cariño como Valle de Cuelgamuros, sigue siendo uno de sus objetivos estrella. Para ello, ha movilizado más de un millón de euros a través de la Fundación de la Santa Cruz, destinada a exhumaciones.

Porque si algo dejó claro el Gobierno de coalición es que desenterrar cadáveres es mucho más prioritario que solucionar la crisis económica, mejorar la sanidad pública o garantizar la seguridad en las calles.

Tal vez próximamente veamos:

• Un impuesto especial por poseer fotos antiguas de Franco en casa.
• Un Comité de Resarcimiento Histórico, que revisará apellidos franquistas para proponer compensaciones forzadas.
• Monumentos conmemorativos en cada esquina con una cuota mensual obligatoria.

Y mientras tanto, la clase trabajadora sigue lidiando con la precariedad laboral, los autónomos se enfrentan a subidas fiscales desorbitadas y la sanidad sufre el abandono de un Gobierno más interesado en fantasmas del pasado que en los problemas del presente.

¿Hasta cuándo seguirá Sánchez jugando con la historia?

El presidente ha demostrado ser un amante incondicional de la memoria… siempre que le dé rédito político. Mientras tanto, el país avanza sumido en la incertidumbre económica, la inseguridad creciente y con una deuda estratosférica que parece no preocuparle en lo más mínimo.

¿Será que está esperando a que las futuras generaciones hagan un censo de los damnificados por su gestión y su irrefrenable ansia de revisionismo histórico?

El miedo es libre: el testigo incómodo del caso Begoña se blinda de Moncloa

Ser testigo en un caso que afecta a la mismísima Moncloa debe ser parecido a llevar un cartel luminoso que dice: «Me gusta vivir al límite». Y ese parece ser el caso de Juan Carlos Doadrio, el ex vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, que tras declarar sobre el turbio asunto de la cátedra de Begoña Gómez ha decidido no tentar la suerte y contratar unos detectives. Porque si algo nos ha enseñado la historia es que a veces, el silencio es oro… y la autoprotección cuesta 6.000 euros.

¿Detectives contra quién?

Uno podría pensar que semejante dispendio en seguridad privada es fruto de la paranoia, pero claro, cuando se trata de Moncloa, las coincidencias suelen ser tan sospechosas como los currículums de ciertos catedráticos exprés. Doadrio, que testificó cómo la mujer del presidente intentó marcarse un máster a 15.000 euros la plaza, teme que su testimonio pueda tener consecuencias. Y visto lo visto, no se lo reprochamos.

Para asegurarse de no ser la enésima ‘casualidad’ en la política patria, Doadrio ha recurrido también a un despacho de abogados penalistas, Almagro Abogados, por si la impecable judicatura española decide que mejor apuntar en otra dirección. Porque ya sabemos cómo funciona esto: uno destapa un chanchullo y, de repente, el que acaba investigado es el que lo denunció.

Cuando «hay que crear una cátedra» significa «hazlo y calla»

Según el testimonio del propio Doadrio, el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, lo llamó insistentemente hasta que por fin le largó la instrucción más directa del mundo universitario: «Hay que crear una cátedra para Begoña Gómez». No «¿qué te parece?» o «¿sería ético?». No. «Hay que hacerla», como el que encarga un café.

A pesar de su leve intento de resistencia («si tiene la documentación, pues bueno, vale…»), la maquinaria ya estaba en marcha. Y así nació la Cátedra de Transformación Social Competitiva, que según cuentan, dejó la competitividad transformada en un chiste.

La seguridad de Doadrio, ¿un reflejo de la ‘confianza’ en Moncloa?

Que un testigo clave en una investigación de corrupción duerma con un ojo abierto debería ser un indicador claro de que la confianza en las instituciones está en su mejor momento. Después de todo, si todo es tan transparente y legal, ¿por qué alguien que simplemente ha contado hechos necesita pagar detectives privados y abogados especialistas en problemas serios?

• ¿Acaso teme visitas inesperadas de desconocidos encorbatados con carteras llenas de propuestas indecentes?
• ¿Quizás le preocupa que un repentino ‘error administrativo’ reescriba su historial laboral?
• O, simplemente, ¿intuye que la venganza política es un deporte nacional?

Sea como sea, lo cierto es que gastar 6.000 euros en seguridad no es algo que haga el ciudadano medio cuando cuenta la verdad. Salvo que la verdad afecte directamente a la mujer del presidente del Gobierno, claro.

Si no tienes currículum, busca amigos con poder

El ‘caso Begoña Gómez’ no es más que otro ejemplo de cómo en España se puede saltar de la nada académica a la dirección de una cátedra universitaria sin apenas despeinarse. Y si te surge algún problemilla (como la falta de titulación oficial, por ejemplo), pues ahí está el PSOE y su interminable red de contactos bien situados para hacer magia.

Begoña Gómez no solo consiguió la cátedra sin problemas, sino que además convenció al rector de convertirla en un chiringuito a medida, con profesores ‘bien relacionados’ y todo tipo de favores entre bambalinas. ¿Qué podía salir mal? Pues que alguien abriera la boca.

El precio de hablar

Doadrio es la prueba viviente de que decir lo que pasó en una citación judicial puede acabar saliéndote caro. Y visto lo visto, parece que su inversión en seguridad privada no es paranoia, sino prudencia.

Veremos cuánto tarda en aparecer alguna denuncia contra él por cualquier asunto irrelevante pero escandaloso. Porque ya sabemos cómo funciona esto en la España socialista: lo importante no es lo que se hace mal, sino quién lo cuenta.

El PSOE descubre su nueva pasión: manipular cifras y ocultar sus propios muertos

Si algo hace bien el PSOE, además de subir impuestos y colocar enchufados, es su habilidad para maquillar datos a su antojo. La última demostración de su maestría en el arte de la manipulación la tenemos con el intento de transformar la tragedia del COVID-19 en una campaña contra Isabel Díaz Ayuso, a la vez que ocultan convenientemente sus propias negligencias en el manejo de la pandemia.

La resurrección selectiva de los muertos

Desde que estalló la crisis de las residencias en Madrid, la izquierda ha encontrado en este tema una mina de oro política. ¿Las víctimas? Meros peones en su tablero de oportunismo. Para apuntalar su relato, han decidido inflar las cifras de fallecidos en Madrid como quien hincha globos en una fiesta. Eso sí, ni una palabra sobre los ancianos que murieron en comunidades gobernadas por el PSOE, porque esos no cuentan.

Veamos algunos datos que el PSOE evita mencionar:

• La comunidad con más fallecidos en residencias no fue Madrid, sino Cataluña, gobernada por ERC con el apoyo del PSC.
• La Rioja, Aragón y Castilla-La Mancha —todas con gobiernos socialistas— tuvieron un índice de mortalidad en residencias superior al de Madrid.
• Las decisiones del Ministerio de Sanidad de Salvador Illa dejaron a toda España sin material de protección, no solo a la Comunidad de Madrid.

Pero claro, señalar a Pedro Sánchez y sus secuaces no les serviría para tapar su corrupción con los contratos COVID. Mejor encontrar un villano conveniente y tirar del manual de la propaganda.

La RTVE de Sánchez y su documental de propaganda

Siguiendo con su tradición de usar los medios públicos como oficina de comunicación del PSOE, TVE estrenó recientemente un documental titulado 7291, donde, con un descaro impresionante, manipulan a su antojo la cifra de fallecidos en residencias de Madrid. Una cifra que ni siquiera el propio gobierno de Sánchez reconoce como real.

Enrique Ruiz Escudero, exconsejero de Sanidad de Madrid, desmontó esta farsa en pocos minutos:

• La cifra de 7.291 fallecidos es un invento del exconsejero de Ciudadanos, Alberto Reyero, quien, para variar, luego se retractó y negó haberla proporcionado.
• El Instituto Nacional de Estadística (INE), dirigido por un socialista colocado por Sánchez, cifra realmente los fallecidos en residencias en 4.143.
• De los 35.800 ingresos hospitalarios en Madrid durante esos meses, 11.200 fueron de residentes, desmontando la falacia de que no se atendió a los ancianos.

Curiosamente, TVE no se ha mostrado tan diligente en investigar por qué en los contratos COVID aparecieron intermediarios socialistas forrándose con material sanitario defectuoso. Ni tampoco en averiguar cómo el PSOE gestionó las residencias en otras comunidades. Pero claro, no se puede molestar al patrón.

¿Y el genio de las residencias? Viendo Netflix

Si hay un maestro de la desaparición en tiempos de crisis, ese es Pablo Iglesias, quien asumió su famosa «responsabilidad» sobre las residencias solo para luego desentenderse por completo mientras veía series en Netflix y publicaba reflexiones sobre sus gustos cinematográficos.

Ruiz Escudero lo tiene claro: “Pablo Iglesias asumió la responsabilidad de las residencias en España y luego se esfumó, igual que Reyero en Madrid”. Mientras tanto, en la Comunidad de Madrid, el equipo sanitario pasó 103 días ininterrumpidos en la Consejería, sin apenas descanso, haciendo lo imposible con los recursos que tenían. Iglesias, mientras tanto, sacaba tiempo para devorar series y presumir de ello en redes sociales. Prioridades.

El PSOE y su hooliganismo necropolítico

El PSOE, con el cinismo que le caracteriza, ha demostrado de nuevo que la dignidad no entra en su hoja de ruta. Manipulan cifras según les convenga, ignoran a sus propios muertos y usan el dolor de las familias como herramienta arrojadiza. El escándalo de corrupción con los contratos COVID sigue destapando tramas socialistas, pero Sánchez y cía prefieren señalar a Ayuso.

Así, la izquierda sigue fiel a su estilo: quejarse mucho, trabajar poco y culpar de absolutamente todo a la derecha. Mientras tanto, los documentos, cifras oficiales y datos reales los desmienten una y otra vez. Pero qué más da, mientras sus medios comprados les sigan alimentando el relato, la verdad siempre será secundaria para ellos.

Renfe y Adif: el último «triunfo» del Gobierno

Una vez más, el Gobierno de Pedro Sánchez demuestra su talento para la negociación: cederlo todo y venderlo como una victoria. Los sindicatos han desconvocado la huelga de Renfe y Adif apenas cuatro horas antes del inicio previsto, tras alcanzar un «gran acuerdo» con el Ministerio de Transportes. ¿El resultado? Lo mismo que se esperaba: concesiones, cesiones y mucha palabrería para intentar disimularlo.

Una huelga incómoda, un acuerdo milagroso

Los trabajadores de Renfe y Adif estaban listos para paralizar los trenes en siete jornadas de huelga, hartos de los incumplimientos del Ministerio respecto a los acuerdos de 2023. Pero, como por arte de magia, a última hora del domingo todo se solucionó en una mesa de negociación donde, aparentemente, la única parte que cedió fue el Gobierno. Ni rastro del «diálogo firme y responsable» que prometía el PSOE, porque, en su universo paralelo, perder siempre es ganar.

Gracias a este giro milagroso de los acontecimientos, los trenes circularán normalmente y Madrid podrá respirar tranquila ahora que las estaciones no se convertirán en un caos. Pero, ¿qué hay detrás del acuerdo? Pues lo de siempre: un intento desesperado del Ejecutivo de PSOE y Sumar por evitar otra crisis política con Cataluña mientras reparten migajas para calmar a los trabajadores.

La empresa mixta: otro regalito para la Generalitat

El «pacto histórico» incluye la creación de una empresa mixta con participación de la Generalitat y Renfe Viajeros. Traducción: más poder para Cataluña a costa del resto de España. Según el secretario de Estado de Transporte, José Ángel Santano, este engendro burocrático «es la clave». Claro, la clave para seguir entregando competencias sin rechistar y disfrazándolo de «modelo de gestión eficiente».

• La Generalitat tendrá más control sobre Rodalies.
• Renfe constituirá una filial donde aplicará su convenio colectivo, lo que parece un favor, aunque no tenían otro remedio.
• Renfe Mercancías deberá «mejorar su modelo de gestión» (vamos, que cambiarán cuatro papeles y dirán que todo va genial).

Todo esto, cómo no, se hizo «en beneficio de los trabajadores». Una frase tan vacía como los andenes de aquellos trenes que Renfe Mercancías lleva perdiendo año tras año.

Los sindicatos aplauden, pero algunos no se lo creen

Los sindicatos mayoritarios (Semaf, CCOO, UGT y SCF) firmaron el acuerdo encantados, asegurando que se han garantizado los derechos de los trabajadores. Pero SF y CGT se han negado a sumarse, denunciando que se han vendido al mejor postor. CGT, como era de esperar, mantiene su posición crítica y llama a la plantilla a seguir con la huelga, alegando que esto solo es el primer paso hacia una nueva privatización de Renfe.

Pero, según Santano, hay que estar contentos porque «nadie se ha levantado de la mesa». Claro, era difícil levantarse cuando te lo han dado todo sin necesidad de pedirlo. No vaya a ser que el PSOE pierda su fama de expertos en la rendición estratégica.

En resumen: otro espectáculo de cesión PSOE-style

Este pacto es la última entrega de la saga negociadora del Gobierno de Sánchez, donde los acuerdos consisten en hacer lo que los socios pidan para evitar problemas mayores. Al final, los trenes circularán, pero el mensaje queda claro: cuando el PSOE negocia, España pierde. Y eso sí que es un servicio garantizado.

El Gobierno tropieza otra vez con la democracia

Parece que en Moncloa todavía no han asimilado ese pequeño detalle llamado división de poderes. Esta vez, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tenido que tirar de agenda y recordarle al Gobierno de Pedro Sánchez que no puede hacer y deshacer la justicia a su antojo. Qué sorpresa, ¿verdad?

La última jugada maestra del Ejecutivo fue lanzada, cual portavoz improvisada, por la líder del PSOE valenciano, Diana Morant. Con toda la solemnidad del mundo, la ministra de Ciencia anunció que el Gobierno iba a reforzar el juzgado de Valencia para que la juez Nuria Ruiz Tobarra pudiera dedicarse en exclusiva a la instrucción del caso de la DANA. Qué curioso, porque hasta ahora la magistrada sólo ha imputado a responsables de la Generalitat de Carlos Mazón, presidente del PP en la Comunidad Valenciana. ¡Qué casualidad! Seguro que no tiene nada que ver con la batalla política del PSOE en la región.

El CGPJ saca la cartilla (otra vez)

Ante semejante atrevimiento, el CGPJ no ha tardado en sacar las tarjetas rojas. En un comunicado lleno de fina ironía (o desesperación, según se mire), dejaron muy claro que las decisiones sobre reforzar juzgados son competencia exclusiva del propio órgano, no del Gobierno. Es más, han recordado que la reunión para estudiar este refuerzo ni siquiera se ha producido todavía. Pero ¡qué más da la legalidad cuando el PSOE tiene una causa judicial que necesita su empujoncito!

El artículo 216 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial no deja lugar a dudas: el refuerzo judicial lo decide el CGPJ tras recibir autorización presupuestaria del Ministerio de Justicia. Y aquí viene lo mejor: el Ministerio solo puede oponerse por razones de presupuesto, no imponer decisiones según su conveniencia política. Pero claro, para eso habría que respetar las normas del Estado de Derecho.

Un Gobierno que maneja la justicia… pero sin disimular

No es la primera vez que el PSOE mete la mano en asuntos judiciales con la sutileza de un elefante en una cacharrería. Allá por 2019, Pedro Sánchez ya dejó claro que la Fiscalía estaba bajo su «control». Ahora, en 2024, el guion no ha cambiado: cualquier juez que vaya contra su partido es un enemigo, y cualquier magistrado que acuse al PP merece ser condecorado.

Pero el problema no es solo la torpeza de este intento de manipulación. Es que el CGPJ no ha podido evitar mostrar su indignación, y eso que el propio órgano está compuesto por miembros designados tras un pacto entre PSOE y PP. Es decir, ni siquiera un CGPJ renovado tras una ardua negociación puede tolerar semejante intromisión.

El PSOE y la justicia: una relación tóxica

Resulta curioso que el PSOE, mientras ataca ferozmente a cualquier juez que investiga asuntos incómodos –como los escándalos que rodean a la familia de Sánchez–, no tenga reparo en lanzarse a colonizar aquellos tribunales que pueden generarle réditos políticos.

• Si la justicia investiga al PSOE: «¡Lawfare, jueces fachas, democracia en peligro!».
• Si la justicia investiga al PP: «Hagamos lo posible para que esto avance más rápido».
• Si el CGPJ se resiste: «Es que necesitamos una independencia judicial a la española».

Pero lo que realmente enfurece en Moncloa no es que el CGPJ haya puesto freno a este último atropello. Lo que les duele es que se ha hecho público. Porque si hay algo que Sánchez y los suyos llevan mal, es que alguien exponga sus maniobras de poder.

Conclusión: la democracia sigue en coma

Este episodio no es más que otro capítulo en la lucha del PSOE por manejar la justicia a golpe de decreto y discurso a medida. Y, mientras tanto, en Moncloa seguirán dándose golpes en el pecho defendiendo la democracia… siempre y cuando les beneficie.