Sánchez convierte las fronteras en moneda de cambio para contentar a Puigdemont

Sánchez convierte las fronteras en moneda de cambio para contentar a Puigdemont

Una vez más, el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a demostrar que no hay precio demasiado alto cuando se trata de satisfacer los caprichos del independentismo. Ahora, en un alarde de generosidad institucional digna de un monarca medieval, el Ejecutivo ha decidido ceder el control de las fronteras a la Generalitat de Cataluña. ¿La justificación? Según Moncloa, las «diferencias de competencias» entre comunidades son «constitucionales», así que qué más da un poco más de desigualdad territorial, ¿verdad?

Un obsequio fronterizo en bandeja de plata

El Grupo Popular, atónito ante esta muestra de desguace institucional, registró en el Congreso una batería de preguntas escritas para intentar entender en qué momento la Constitución se convirtió en una carta en blanco para trocear el país. Las cuestiones planteadas por los diputados de Miguel Tellado eran claras:

• ¿Cómo piensa el Gobierno garantizar una política de inmigración coherente si cada comunidad tiene competencias desiguales en materia de frontera?
• ¿Qué criterios sigue Moncloa para negociar esta nueva cesión a los independentistas y cuáles son, en su universo paralelo, los límites para no violar la Constitución?

Pero la respuesta del Ejecutivo socialista fue digna de un mal chiste: «Cualquiera que conozca la génesis y desarrollo de nuestro Estado autonómico sabe que las diferencias entre las competencias que ostentan y ejercen las comunidades es consustancial a nuestro modelo constitucional». O lo que es lo mismo, han decidido inventarse un nuevo concepto de igualdad: ese en el que unos territorios mandan más que otros porque Sánchez necesita votos en el Congreso.

Constitución a la carta para el independentismo

Resulta curioso cómo hace solo unas semanas el propio Gobierno aseguraba que ceder el control de fronteras era «inconstitucional». Pero claro, si de lo que se trata es de contentar a Carles Puigdemont y sus mariachis secesionistas, lo inconstitucional se vuelve perfectamente legal de la noche a la mañana. Es el poder del socialismo: donde dije digo, digo Diego, y si cuela, cuela.

Para el Partido Popular, esta cesión es algo más que una mera transferencia competencial: es un ataque directo a la unidad y seguridad nacional, una patada en la espinilla a la igualdad entre españoles y un favor envenenado a la policía autonómica catalana, que verá incrementada su plantilla con dinero del resto del país. Así funciona el socialismo: ni un euro para bajar impuestos a los españoles, pero los millones que hagan falta para garantizar el bienestar de los socios de Sánchez.

Menos Policía Nacional y Guardia Civil, más Mossos dependientes de la Generalitat

Pero lo mejor de todo es que esta cesión, que carga aún más las arcas públicas con la expansión de los Mossos hasta los 26.800 agentes, supone un desmantelamiento progresivo de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña. Claro, es más fácil garantizar la lealtad de una policía autonómica que obedece órdenes de la Generalitat independentista. Lo siguiente será ver a los Mossos regulando quién puede y quién no puede cruzar a España… según el carnet que lleve en la boca.

Un Gobierno que cada día se supera

Que Sánchez aproveche cualquier oportunidad para contentar a sus socios independentistas ya no es noticia, pero la velocidad a la que destruye la estructura del Estado sí que es digna de un manual de autodestrucción política. Lo que antes era una línea roja ahora es un «derecho constitucional» inventado en los despachos de Moncloa, y si esto sigue así, en cuestión de meses el PSOE podría estar justificando enmiendas a la Constitución hechas con un boli BIC en las servilletas de la mesa de negociación con Junts.

Así que ya lo saben, queridos ciudadanos: bienvenidos a la España federal de facto, en la que unos son más iguales que otros y las fronteras las regula quien más votos pueda arrancarle a Pedro Sánchez. La pregunta ahora es ¿qué será lo próximo? ¿Tal vez un pasaporte catalán exclusivo? ¿Un control de visados gestionado por la ANC? Con este Gobierno, todo es posible. Lo único seguro es que los españoles seguirán pagando la factura de los desvaríos de Moncloa.